Más de tres millones de navíos naufragados yacen en el fondo de mares, ríos y lagos. Centenares de cuevas ornamentadas, ciudades y monumentos sepultados bajo el agua quedan aún por descubrir.

El 2 de enero de 2009 ha entrado en vigor la "Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático". Esta fecha marca un hito en la historia de la protección de "los pecios de navíos naufragados y los monumentos sepultados en el agua". Adoptada en 2001, esta Convención es el primer instrumento jurídico internacional que permite proteger los sitios arqueológicos sumergidos. No obstante, se abstiene de reglamentar la cuestión de la propiedad del patrimonio subacuático y no entraña modificación alguna de las zonas de soberanía marítima de las naciones. Su objetivo es luchar contra los que saquean los tesoros del patrimonio cultural subacuático y hacer que éste se beneficie de la misma protección de que gozan los sitios culturales en tierra firme. Con motivo de la entrada en vigor de la Convención, el entonces Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, ha afirmado que "ahora ya será posible preservar con medios jurídicos la memoria de la humanidad sepultada en el fondo de océanos, lagos y ríos, poniendo así fin al creciente tráfico ilícito de objetos culturales, alimentado por los depredadores del patrimonio subacuático".

Los arqueólogos estaban esperando un instrumento jurídico de este tipo desde hace mucho tiempo. "La entrada en vigor de la Convención de 2001 es un auténtico regalo del cielo para la arqueología subacuática", señala Robert Grenier, arqueólogo submarino canadiense. La Convención va a permitir también que el público en general conozca mejor este tipo de patrimonio cultural, que por cierto no se limita a unos cuantos pecios de navíos naufragados, en contra de lo que se suele creer comúnmente. En el fondo del agua dormitan, desde hace milenios, tesoros culturales inimaginables. Si la Atlántida puede que sólo sea un mito, lo que sí son reales son las investigaciones de la arqueología subacuática que, día tras día, nos revelan los sorprendentes secretos de paisajes enteros de la Edad de Piedra, de cuevas ornamentadas o de sitios de sacrificio. Por ejemplo, en los pozos naturales llamados "cenotes" del Estado mexicano de Yucatán se conservan vestigios de los sacrificios practicados por los mayas. El cenote de Chichén Itzá contiene unos 120 cuerpos de víctimas inmoladas.

Al tratar de proteger el frágil patrimonio subacuático mediante la Convención, la UNESCO sabe que se adentra en un terreno minado. En efecto, si el patrimonio cultural situado en tierra firme es objeto de un amparo cada vez mayor, el patrimonio subacuático está siendo víctima de un saqueo de proporciones alarmantes, en un momento en que las legislaciones de los países adolecen todavía de numerosas lagunas que impiden su protección total. Movidos por el afán de lucro, aventureros y empresas comerciales tienden a dejar de lado las excavaciones en sitios arqueológicos terrestres para intensificar su exploración de los fondos submarinos. Una prueba de esto es su creciente interés por los cargamentos de las carabelas y otros navíos portugueses que recorrían en el siglo XVII la ruta de la India. La explotación comercial de los pecios de algunos de estos barcos naufragados frente a las costas de Mozambique pone en peligro los últimos testimonios históricos de su construcción, ya que la mayoría de los documentos de esa época desaparecieron en 1755, cuando se produjo el terremoto que destruyó Lisboa.

Ante la protesta general de los arqueólogos y la suspicacia de las autoridades a las que solicitan permisos de prospección, las empresas privadas dedicadas a la búsqueda de barcos naufragados hacen cada vez más hincapié en el presunto interés científico de sus exploraciones. Sin embargo, es prácticamente imposible realizar una verdadera labor arqueológica cuando se tiene por móvil principal el lucro de un grupo de accionistas, en vez de la ilustración del público en general. Un reputado arqueólogo portugués, Francisco Alves, ha juzgado la actitud de esas empresas en términos rotundos: "Bien es cierto que el trabajo del arqueólogo se asemeja con mucha frecuencia al de un detective, pero cabe preguntarse qué opinión puede merecernos el detective que vende el reloj de la víctima para financiar sus pesquisas".

Para contrarrestar las destrucciones y los saqueos, el "Anexo de la Convención de la UNESCO" contiene una serie de normas sobre las actividades arqueológicas relacionadas con el patrimonio cultural subacuático. Destinadas a servir de elemento de amparo a las autoridades nacionales y a establecer una ética de la protección, esas normas deberían ir abriendo paso con el correr del tiempo a la proscripción de todas las actividades de índole exclusivamente comercial.

La Convención también tiene por objeto garantizar una protección jurídica de los sitios y facilitar la supervisión de la protección. No cabe duda de que éste es uno de sus aspectos más delicados. En efecto, salvo contadas excepciones, la jurisdicción de un Estado sobre las aguas internacionales es restringida y se limita, en la mayoría de los casos, a la aplicación de su propia legislación a sus nacionales y a los navíos que enarbolan su pabellón. Cada vez que una empresa comercial de un país determinado pretende hacerse con un bien que otro país considera valioso para su cultura, es evidente que la cooperación internacional desempeña un papel fundamental para garantizar la protección del bien cultural en cuestión. De ahí la importancia de la Convención, que apunta a reglamentar y perfeccionar las condiciones en que debe efectuarse esa cooperación.

Aunque las excavaciones arqueológicas con fines comerciales hayan sido en gran medida las que han inducido a redactar y aprobar la Convención, no constituyen la única amenaza para los vestigios arqueológicos que yacen en los fondos marinos. También suponen un peligro la caza de recuerdos por parte de turistas irresponsables, el desarrollo de las instalaciones portuarias y los oleoductos, las prospecciones petroleras o mineras y la pesca de arrastre.

Sin embargo, a veces se encuentran soluciones de protección satisfactorias. Por ejemplo, en la bahía de Greifswald, situada a orillas del Báltico, en el norte de Alemania, la construcción de un gasoducto imponía abrirse paso a través de una barrera formada por veinte antiguos navíos de 15 metros de largo, hundidos deliberadamente por la marina de guerra sueca en 1715, durante la Gran Guerra del Norte, a fin de bloquear el paso a ese estuario. La Nord Stream AG, empresa constructora del gasoducto, decidió correr con los gastos de las operaciones de investigación arqueológica y rescate de esos pecios, suministrando así la prueba de que es posible hallar un equilibrio entre las necesidades del tiempo presente y el imperativo de salvaguardar los vestigios del pasado. Uno de los méritos de la Convención de la UNESCO es que alienta a sus Estados Partes a encontrar soluciones de este tipo para limitar el deterioro del patrimonio cultural subacuático.

Por último, el patrimonio cultural subacuático tiene que afrontar la amenaza de la erosión, las mareas y corrientes, los ciclones, los maremotos y otros fenómenos naturales inevitables. En la Convención de 2001 se invita a las autoridades nacionales a que adopten las medidas adecuadas para prevenir los deterioros o atenuarlos, por ejemplo construyendo diques y armazones de protección, o cubriendo con arena los sitios en peligro.

La UNESCO y la Unión Europea han llevado a cabo varios estudios sobre las repercusiones del cambio climático en el estado de conservación patrimonio cultural. En el marco de la Convención, se acaba de iniciar un proyecto conjunto con la "Superintendencia del Mar de Sicilia" (Italia) para examinar la posibilidad de prevenir la destrucción de sitios culturales costeros y submarinos causada por movimientos sísmicos. La tarea de proteger el patrimonio subacuático es inmensa, pero la Convención tiene por delante todo el futuro para llevarla a cabo.

Para más información véase:

http://www.unesco.org.cu/SitioSubacuatico/Espanol/convenciones.htm

Dra. Graciela Gestoso Singer

Forum Unesco-University and Heritage-World Heritage Centre

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English version

About the new UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage

The new UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage is the first legal instrument to safeguard underwater archaeological sites on an international scale, providing protection against treasure-hunters, while regulating international cooperation.

More than three million shipwrecks are lying on the ocean floor today. Hundreds of underwater decorated caves, towns and monuments remain to be discovered.

It was a turning point in the history of attempts to safeguard shipwrecks and other submerged monuments when, on 2 January 2009, the "UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage" entered into force. Adopted by Member States in 2001, this is the only convention that is specific to the underwater cultural heritage. Even so, it neither regulates the ownership of heritage nor changes maritime sovereignty zones. Its aim is to combat looting and extend to our underwater heritage the same protection offered to sites on dry land. "From now on, it will be possible to offer legal protection to the memory of humanity that is buried at the bottom of the oceans, lakes and rivers, thus curtailing the growing illicit trade by looters," said the former UNESCO’s Director-General, Koïchiro Matsuura.

Archaeologists have been waiting a long time for international legislation such as this. "The 2001 Convention is heaven’s gift for underwater archaeologists," says Robert Grenier, a well-known Canadian underwater archaeologist. This new instrument should also enable the public to get to know this little-known aspect of our heritage, which is so much more than a few shipwrecks at the bottom of the sea. Untold treasures lie in the depths, sometimes for thousands of years. And, while Atlantis was probably just a myth, entire stone-age landscapes, painted caverns and sacrificial sites are yielding their amazing secrets day after day. Take, for example, the "cenotes" of Yucatan (Mexico), natural sinkholes that hold traces of Mayan sacrifices. The Chichen Itza cenote contained no fewer than 120 sacrificed bodies.

The UNESCO convention is, however, entering a minefield when it is applied to safeguard this fragile heritage. While land-based heritage is subject to increasing protection, the looting of our underwater heritage is growing at an alarming rate, and national legislation is very patchy. Treasure hunters and commercial enterprises, attracted by profit, are deserting sites on dry land for deep-sea archaeology. Just one example is their interest in the precious cargoes of the caravels and carracks, these jewels of the Portuguese fleet that plied the spice routes in the 17th century. Commercial exploitation of their wrecks off the coast of Mozambique, for example, is threatening the only remaining historical evidence of their construction, as most of the documents from the era were destroyed in the 1755 Lisbon earthquake.

Faced with protests from archaeologists and the suspicions of the authorities when approached for licenses to explore, private companies looking for wrecks are increasingly proclaiming the scientific interest of their research. But it is almost impossible to practice genuine archaeology when the real motive is profit, and shareholders, not an informed public, are behind the work. As the celebrated Portuguese archaeologist, Francisco Alves, put it, "the archaeologist’s work is often like that of a detective. But what would we think of a detective who sells the victim’s watch to pay for his investigations?"

Confronted with destruction and looting, the UNESCO Convention has added a series of rules in its Annex regarding archaeological exploration, which aim to act as an added safeguard and directive for national authorities. By imposing ethical norms of protection, it should eventually eradicate purely commercial operations.

The Convention has also been set up to provide a legal safeguard and to monitor the protection of sites, which is probably its most delicate task. In international waters, States have, with some exceptions, only a limited jurisdiction, which often restricts the application of national regulations to their own nationals or to vessels flying their flag. Every time a commercial enterprise from a given country sets its sights on some article that another State thinks is valuable, international cooperation becomes crucial for its protection. Thus, the Convention aims to regulate and improve the conditions of this cooperation.

Commercial excavations are not the only threat hanging over the relics located at the bottom of the seas, even if they are largely the reason behind the Convention. Foolhardy tourists looking for souvenirs, the construction of ports and oil pipelines, mineral prospecting and trawler fishing are also threats.

But satisfactory solutions can sometimes be found. Nord Stream AG, the company that built a gas pipeline in the Baltic Sea, recently had to open a breach in an ancient barrage made out of sunken Swedish ships, preserved in the Bay of Greifswald, in northern Germany. This barrage dates back to the Great Northern War when, in 1715, the Swedish navy scuttled some twenty ships, each around 15 meters long, in order to protect the bay. The construction company paid for the costs of archaeological research and salvage, demonstrating that it is possible to find a balance between the need to safeguard the past and the needs of the present. The UNESCO Convention has the advantage of inviting its States Parties to find solutions that limit damage to the underwater heritage.

There remain, of course, the inevitable threats posed by nature, such as erosion, tides, storms, tsunamis, etc. The 2001 Convention invites national governments to take measures to prevent or to reduce the impact of such phenomena, by fencing off threatened sites, building cages, or covering them in sand.

UNESCO and the European Union have carried out several studies on the effects of climate change on cultural heritage. And a project has also just been launched with the "Soprintendenza del Mare", in Sicily, to investigate the possibility of preventing the destruction of coastal and underwater sites by earthquakes, under the framework of the Convention. The task is enormous, but the Convention has the whole future before it.

For further information:

http://www.unesco.org.cu/SitioSubacuatico/Espanol/convenciones.htm

Dra. Graciela Gestoso Singer

Forum Unesco-University and Heritage-World Heritage Centre

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